El presidente, Rodrigo Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta (Presidencia)
El presidente Rodrigo Chaves volvió a mentir en su programa de los miércoles, al decir que la jueza que cometió un error en la tramitación del caso Diamante es la misma que no ha permitido que la investigación por el falso megacaso de evasión fiscal avance.
Al contrario, la jueza Juliana Jiménez Alpízar, quien usó un machote del caso de un asesinato de una embarazada para la resolución de crimen organizado en el caso Diamante fue, más bien, quien frenó la desestimación del caso denunciado falsamente por el Ministerio de Hacienda, cuando el presidente Chaves ejercía presiones públicas para que esto ocurriera.
Jiménez rechazó la solicitud de la Fiscalía, que recomendó desestimar el caso ante la ausencia de pruebas. Esto al mismo tiempo en que Chaves, desde Casa Presidencial, atacaba a la Fiscalía.
En el caso Diamante, que investiga a 5 exalcaldes, un alcalde y varias empresas por presuntas anomalías en contratos de obra pública, Jiménez cometió 2 graves errores: El primero fue usar el machote del caso del asesinato de una embarazada como base para la resolución que declaraba como crimen organizado el Caso Diamante.
El segundo error obedeció a que Jiménez acogió el 28 de diciembre de 2020 la solicitud de la fiscal Johanna Rodríguez Acosta, de ordenar la declaratoria de procedimiento especial por crimen organizado, mediante 2 resoluciones que se emitieron con la misma hora y fecha de confección, a pesar de que tienen fundamentaciones diferentes.
Esto pone en riesgo una de las pruebas más importantes del caso, que son las escuchas telefónicas y puso freno a las intenciones del Ministerio Público de tramitar el caso como crimen organizado. Los errores de la jueza hicieron que el Tribunal Penal de San José aceptara las apelaciones de la defensa.
A través del voto número 052-2025, el Tribunal anuló 2 resoluciones que declaraban este caso bajo ese tratamiento diferenciado, al tener que admitir los alegatos de los abogados defensores y ordenó devolver al juzgado inicial el curso del expediente penal de la causa.
Rechazó de desestimación del “falso megacaso”
El 30 de enero de 2023, en medio de presiones mediáticas ejercidas por el presidente Chaves, acuerpadas por Nogui Acosta, ministro de Hacienda, la jueza Jiménez Alpízar rechazó la solicitud de desestimación solicitada por el Ministerio Público sobre el falso “megacaso” y ordenó regresar el expediente a investigación por parte de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios.
Es decir, ya los fiscales habían determinado que no existía prueba para demostrar que se haya cometido un delito tributario, por lo que pidieron al juzgado no continuar con el proceso, sin embargo, Jiménez fue quien declinó de hacerlo así y más bien pidió volver a revisar el caso.
Incluso, en la conferencia de prensa semanal celebrada el 8 de febrero de 2023, el mandatario Chaves elogió el accionar de la jueza Jiménez Alpízar al rechazar la solicitud de desestimación planteada por el Ministerio Público tras una gestión hecha por Randall Aguirre Mena, procurador del área de derecho penal de la Procuraduría General de la República.
Chaves dijo que la jueza vio “algo raro” y por eso pidió devolver el expediente, pero ahora este 12 de febrero de 2025, casi 2 años después, el mandatario cambió de postura y fustigó a la jueza por los errores que ahora ponen en aprietos la tramitación del caso Diamante.
Crhoy intentó conocer la versión de Jiménez, pero en una llamada telefónica hecha el martes 11 de febrero dijo que no podía emitir declaraciones como jueza ante los medios de comunicación, sobre el desarrollo de sus funciones, por lo que nos sugirió tramitar las consultas que teníamos para ella por medio de la oficina de prensa del Poder Judicial, donde nos indicaron que tramitarían nuestra solicitud pero a la hora de esta publicación no habían enviado la respuesta.
Chaves mintió: prueba de Panamá ya fue analizada
El presidente alegó, de manera falsa, que Jiménez, “(…) la jueza que cometió el error material es la misma que no ha querido avanzar con el caso de Leonel Baruch”, cuando en realidad el caso ya superó varias partes procesales al punto de que se pudo traer prueba desde Panamá para avanzar e incluso la Sección Financiero-Contable del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concluyó que no se encontró ningún delito como quisieron vender Chaves y Acosta.
Christian Arguedas, abogado de Baruch, confirmó que esa información ya fue incorporada al expediente y demuestra que lo hecho por el gobierno fue intentar imponer falsas acusaciones contra el empresario que representa legalmente. Sin embargo, están a la espera de la llegada a un segundo paquete de información que solicitó la Procuraduría General de la República (PGR).
“Ya hubo una primera asistencia judicial a Panamá de la cual se incorporó una cantidad importante de información probatoria, que ya procesó la Sección Contable del OIJ y emitió un dictamen donde exoneran a mi cliente de todo tipo de acusaciones que hizo el Ministerio de Hacienda. Evidentemente esa información no le gustó a Hacienda y a la Procuraduría General de la República que lejos de ser un ente imparcial y objetivo se está comportante de manera de diferente, ellos solicitaron una ampliación, es decir una nueva asistencia judicial a Panamá y ya la Fiscalía la tramitó.
A criterio de esta representación la información que pueda venir no va a cambiar en nada el análisis que ya el OIJ por su oficina financiera-contable realizó, que mi representado no cometió delito alguno, de modo que son falsas y poco serias las acusaciones que hicieron el ministro de Hacienda y el presidente de la República”, explicó.
Source
Carlos Castro
